Amnistía Internacional ha condenado el homicidio de dos defensores de los derechos humanos y activistas comunitarios locales. A lo largo del año pasado, la organización expresó su preocupación por el aparente aumento de los homicidios y amenazas contra defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios y sindicalistas, abusos cometidos en la mayoría de los casos, según informes, por paramilitares.

El 29 de junio, un desconocido mató a tiros a Martha Cecilia Obando en el barrio de San Francisco de la ciudad portuaria de Buenaventura, departamento de Valle del Cauca. Al parecer, disparó tres veces contra ella, cuando la mujer caminaba por la calle. Martha Cecilia Obando era presidenta de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Barrio San Francisco (ASODESFRAN). Previamente se habían producido ya una serie de homicidios y amenazas contra líderes de comunidades del Valle del Cauca desplazadas.

El 24 de junio, un grupo de hombres armados, que, según testigos, eran paramilitares, entraron en la comunidad afrodescendiente de Candelilla de la Mar, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, y secuestraron a Felipe Landazury, líder comunitario y miembro del Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera.

Se supone que los grupos paramilitares se han disuelto en virtud de un proceso de desmovilización iniciado bajo los auspicios del gobierno en 2003. Sin embargo, aunque éste ha afirmado reiteradamente que no hay ya paramilitares activos en Colombia, es evidente que continúan desarrollando actividades, a menudo con el apoyo y la aquiescencia de las fuerzas de seguridad, y amenazando y matando a defensores de los derechos humanos y otros activistas, a los que tachan reiteradamente de simpatizantes o colaboradores de la guerrilla.

Amnistía Internacional pide a las autoridades colombianas que inicien de inmediato una investigación exhaustiva e imparcial sobre los homicidios de Martha Cecilia Obando y Felipe Landazury, así como sobre todas las demás amenazas y homicidios de defensores de los derechos humanos y otros activistas.

El gobierno debe también condenar públicamente estos homicidios y amenazas, reafirmar la legitimidad del trabajo en favor de los derechos humanos en Colombia y tomar medidas efectivas y que hace mucho tiempo que deberían haberse adoptado para disolver de una vez por todas los grupos paramilitares y poner a disposición de la justicia a los responsables de abusos contra los derechos humanos, sean miembros de grupos paramilitares, de la guerrilla o de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, los Estados, incluida Colombia, tienen el deber de respetar a los defensores de los derechos humanos y su trabajo y tomar todas las medidas necesarias para garantizar su protección. Con tal fin deben adoptar no sólo medidas prácticas de protección, sino también medidas globales para impedir los abusos y abordar sus causas fundamentales.