IU ha constatado que los últimos años, por motivos de rentabilidad económica, las cementeras solicitan y obtienen de la mayoría de las Comunidades Autónomas la sustitución de combustible tradicional por la incineración de neumáticos, plásticos y otros residuos como lodos de depuradoras, barnices, aceites o disolventes e, incluso, harinas cárnicas, cuya combustión genera sustancias tóxicas y peligrosas para la salud, metales pesados como el mercurio y contaminantes orgánicos persistentes, como son las dioxinas y furanos, potencialmente cancerígenas.
La incineración de residuos en los hornos de las cementeras ya había generado alarma social hace años, cuando algunas de estas empresas fueron señaladas por haber quemado los restos de animales muertos por la enfermedad de las “vacas locas”.

El recurso a la incineración de residuos tóxicos y peligrosos constituye un motivo de especial preocupación por cuanto España es el país de la Unión Europea que en estos últimos años ha consumido la mayor parte del cemento hasta alcanzar la quinta parte del total de la UE-25, liderato atribuible a las desproporcionadas dimensiones del sector de la construcción, tanto en edificación como en obra pública.

Por la vía de presentación de proyectos de incineración de residuos industriales, eufemísticamente denominada como “valorización de residuos”, por ejemplo, en Castilla-La Mancha se han autorizado a empresas multinacionales como CEMEX, en el municipio de Yepes, HOLCIM ESPAÑA S.A., en Yeles, y LAFARGE CEMENTOS S.A, en Villaluenga de la Sagra; en Cataluña, a CEMEX y a LAFARGE, en San Feliu de Llobregat y en Moncada i Reixach, respectivamente; y en Castilla y León, a COSMOS, en Toral de los Vados, TUDELA-VEGUÍN, en La Robla, y RMD, en la localidad de Ardoncino, que en varios casos están enclavadas a escasos metros del núcleo urbano.

En su propuesta, Gaspar Llamazares reclama del Gobierno que presente en el Congreso un informe sobre el cumplimiento de la normativa vigente y las medidas institucionales de vigilancia. También solicita promover junto a las Comunidades Autónomas el cumplimiento riguroso de la legislación y rechazar los proyectos presentados por las empresas fabricantes de cemento que incluyan la incineración de neumáticos y demás combustibles tóxicos, así como a proporcionar incentivos económicos y fiscales a las empresas especializadas en la reutilización y el reciclaje de neumáticos para usos compatibles con la salud humana y el medio ambiente, como la elaboración del firme de carreteras y pistas polideportivas, y cuya viabilidad económica está en peligro por la competencia desleal que ejercen las cementeras sobre los precios de los neumáticos que incineran.