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OPERACIÓN MALAYA: La conexión Marbella- Murcia- Guipuzcoa |
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15-08-2007 |
La venta de Lo Poyo (Cartagena) y su recalificación estuvo ligada a políticos del PP
La operación de compra-venta de Lo Poyo se produjo en 2004, cuando el terreno era rústico, a la espera de su recalificación, circunstancia que se produjo posteriormente por parte del Gobierno de Murcia y del Ayuntamiento de Cartagena
En la transacción de la finca mediaron un diputado 'popular' y el
hermano del presidente Valcárcel Las resoluciones judiciales del juez
Torres confirman la fuerte presencia de Roca en Murcia, que en una de
las conversaciones grabadas por la policía reconoce que tiene proyectos
inmobiliarios en la región. Hasta siete localidades (Cartagena, Los
Alcázares, San Javier, Torre Pacheco, Mazarrón y La Unión) tienen
propiedades paralizadas por la trama marbellí
La conexión de la operación de venta de la finca de Lo Poyo y su
posterior recalificación, luego suspendida por el Gobierno regional
murciano, se muestra evidente a tenor de los intermediarios que
participaron en la transacción de estos terrenos realizada entre la
familia catalana Armengol y sus actuales propietarios.
En las gestiones para la compraventa de la finca intervino el abogado
urbanista y actual diputado del PP en Madrid Andrés Ayala, así como el
abogado Carlos Valcárcel, hermano de Ramón Luis, presidente de la
Comunidad de Murcia, gobernada por el PP.
Ayala, amigo íntimo del ex ministro de Defensa Federico Trillo, fue
abogado de la familia Armengol y se abstuvo de la decisión tomada en
junio de 2006 por la consejería de Política Territorial de Murcia -del
que era secretario general- de recalificar inicialmente los terrenos.
Ayala también tuvo relaciones profesionales en los 90 con el promotor y
constructor Tomás Olivo, vinculado a la Operación Malaya , en el
desarrollo de grandes actividades inmobliarias en la comarca de
Cartagena. Con el tiempo, Olivo se desplazó a Marbella para trabajar
junto a su paisano Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama de
corrupción que ha puesto al descubierto toda una maraña de intereses y
en la que están implicados políticos, empresarios y constructores y con
ramificaciones en Andalucia, Murcia y Madrid.
LO POYO
El asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de la
Operación Malaya, Juan Antonio Roca, intervino en la operación de venta
de los terrenos de la finca de Lo Poyo entre Cartagena y el Mar Menor,
en la que aparecen los constructores guipuzcoanos Javier Arteche, Luis
Maya y Agustin Aguirre, así como Inverlur (la empresa de Kutxa dedicada
a gestión y promoción inmobiliaria) y Promociones Aifos, según ha
denunciado la portavoz del grupo socialista en la Asamblea Regional de
Murcia, Teresa Rosique.
Teresa Rosique ha confirmado que en los próximos días el PSOE de Murcia
va a presentar un amplio dossier ante el fiscal del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, para que abra diligencias
sobre las irregularidades que se han producido en la operación de
compra y venta de los terrenos de Lo Poyo, cuya urbanización se
encuentra paralizada por ese tribunal y por el Gobierno regional al ser
una zona de protección medioambiental.
Según la portavoz socialista en el parlamento regional murciano y a
tenor de la documentación que posee y será entregada al fiscal, la
operación de compra-venta de Lo Poyo se produjo en 2004, cuando el
terreno era rústico, a la espera de su recalificación, circunstancia
que se produjo posteriormente por parte del Gobierno de Murcia y del
Ayuntamiento de Cartagena, ambos pertenecientes al PP, aunque
posteriormente el propio Ejecutivo regional paralizó la tramitación.
Se da la circunstancia de que la operación de compra-venta de esos
terrenos por los que Kutxa, a través de la sociedad Inverlur, realizó
una inversión de 240 millones de euros (400.000 millones de las
antiguas pesetas), se realizó en el año 2004, coincidiendo con la
presidencia de la entidad por parte de Fernando Spagnolo, que desde una
actuación personalista y aparentemente sin control de los órganos de la
entidad, impulsó la inversión de los beneficios de la caja en el sector
de la construcción.
"Si alguien se gasta ese dinero es porque tiene garantizado previamente
que los terrenos que ha adquirido se van a urbanizar", afirma Teresa
Rosique. En la finca de Lo Poyo, un terreno que se encuentra en una
zona natural protegida entre Cartegena y el Mar Menor, los propietarios
de la constructora guipuzcoana Yeregui Desarrollo S. L., e Inverlur, la
sociedad inmobiliaria creada por Kutxa en este negocio, pretendían
construir más de 5.000 viviendas y un campo de golf.
ALCÁZAR
El primer asunto de investigación del recién nombrado fiscal
anticorrupción de Murcia, José María Alcazar, será averiguar la
conexión de los promotores del proyecto urbanístico de Lo Poyo en
Cartagena -entre los que se encuentran los constructores guipuzcoanos
Javier Arteche, Luis Maya Galarraga y Agustín Aguirre; la promotora
malagueña Aifos, cuyo presidente y varios directivos se encuentran ya
imputados; y Kutxa- con la trama marbellí en la Operación Malaya,
informa Noticias de Gipuzkoa. El diario señala, citando fuentes
judiciales, que el nuevo fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción
nombrado el pasado martes por el fiscal general del Estado, Cándido
Conde Púmpido, tendrá como primer asunto en su agenda de trabajo
conocer el proceso de recalificación y urbanización de un terreno que
se encuentra en una zona natural protegida, entre Cartagena y La Manga
del Mar Menor.
En ese terreno y bajo el nombre de Lo Poyo, sus promotores -los
constructores guipuzcoanos Arteche, Maya y Aguirre, y Kutxa (a través
de la sociedad Inverlur, dedicada a la promoción y gestión
inmobiliaria)- pretendían construir más de 5.000 viviendas y un campo
de golf, se encuentra paralizado por el Tribunal Superior de Justicia
de Murcia al ser una zona de protección medioambiental.
Por su parte, el Gobierno de la Región de Murcia ha echado para atrás
el plan de recalificación de estos terrenos urbanizables en los que
Kutxa hizo una inversión de más de 240 millones de euros. La
urbanización se iba a denominar Las Salinas del Mar Menor y lindaba con
otra parcela en la que tanto Kutxa como los constructores guipuzcoanos
participaban como socios en la empresa Montemayor del Mar Menor y donde
se pretende construir otras 4.000 viviendas a través de una promoción
denominada Novo Carthago.
La relación de los constructores guipuzcoanos Javier Arteche y Luis
Maya con la trama de corrupción de Marbella ha obligado a Kutxa a
romper radicalmente con ellos. Arteche llevó a cabo ventas de solares
junto al cerebro de la Operación Malaya , Juan Antonio Roca, según
testimonio judicial, y Maya aparece en documentos manuscritos del
principal imputado de este asunto.
Según Noticias de Gipuzkoa, la larga relación que desde sus inicios en
Construcciones Yeregui ha unido a estos promotores con Kutxa se rompió
a finales del pasado mes de agosto cuando la entidad de ahorro
guipuzcoana decidió escindir las seis sociedades que habían constituido
en la promoción de Lo Poyo y en las tres que iban a desarrollar Novo
Carthago.
La liquidación de los negocios inmobiliarios que Kutxa tenía con estos
constructores en estos dos proyectos concretos tiene su origen, por un
lado, en la mala imagen que a la entidad financiera le supone ser socia
de unos empresarios vinculados a una trama de corrupción, y por otro
lado, a preservar las propiedades adquiridas, ante la posibilidad de
una ejecución o embargo de la autoridad judicial.
Con la escisión de las seis sociedades denominadas Las Salinas del Mar
Menor en las que se había dividido el proyecto de desarrrollo
urbanístico de Lo Poyo, Kutxa se queda con una parte de los terrenos
con la posibilidad de poder venderlos, tal y como parece que es la
intención de la caja de ahorros, según ha podido saber este periódico
de fuentes de la propia entidad guipuzcoana.
En el caso de las tres sociedades llamadas Montemayor del Mar Menor
-que promueven Novo Carthago, donde las excavadoras ya están
trabajando- la ruptura con los socios busca, aparte de evitar los
riesgos de posibles actuaciones judiciales, garantizar el retorno de la
inversión en función de los plazos ejecutados. La decisión de romper
con estos socios fue tomada poco tiempo después de que saltara a la
opinión pública el pasado mes de abril el asunto de la trama de la
corrupción de Marbella y sus ramificaciones en Murcia, donde Kutxa y
los promotores de Yeregui Desarrollo S.L. compartían hasta ahora
importantes negocios inmobiliarios.
El proyecto de urbanización de los terrenos de Lo Poyo ha provocado una
tormenta política en la región de Murcia, hasta el punto de que la
portavoz socialista en la Asamblea Regional de esta región, Teresa
Rosique, amenazó con presentar una denuncia ante la Fiscalía de Murcia
para que investigue la relación de la tramitación de este proyecto con
la trama marbellí, porque "nadie se arriesga a comprar unos terrenos
por semejante dinero, sin tener la seguridad de que esos terrenos iban
a ser urbanizables".
La tramitación de la aprobación del expediente de urbanización de Lo
Poyo ha tenido sus diversas peripecias desde que los constructores
guipuzcoanos, en representación de varias empresas, compraron en 2004
la finca por un valor declarado de 213 millones de euros a la familia
catalana Armengol, propietaria del terreno.
Contra lo que es norma en este tipo de procesos, la consejería murciana
de Obras Públicas aprobó en enero de 2005 una Declaración de Impacto
Ambiental favorable al proyecto de urbanización de la finca a
instancias del Ayuntamiento de Cartagena.
Esa declaración se produjo siete meses antes de que el Consistorio
cartagenero, cuya alcaldesa es la popular Pilar Barreiro, otorgara la
Aprobación Inicial al proyecto.
Es decir, se dio la circunstancia de que una instancia superior, como
es el Gobierno regional, dio el visto bueno ambiental a los pocos meses
de producirse la venta de los terrenos y unos pocos meses antes de que
el Ayuntamiento cartagenero diera la aprobación inicial al proyecto,
que es el trámite previo a la Declaración de Impacto Medioambiental.
De momento, el proyecto de Lo Poyo está paralizado por desarrollarse en
una zona de protección medioambiental, según atestiguan fuentes del
movimiento ecologista de Murcia.
ROCA Y ARTECHE
El asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de
laOperación Malaya , Juan Antonio Roca, vendió solares del constructor
guipuzcoano Javier Arteche -que aparece como socio de Kutxa a través de
la sociedad Inverlur en un gran número de promociones inmobiliarias- en
la localidad murciana de San Pedro del Pinatar.
El pago fue realizado en dos partes. Una primera por valor de 600.000
euros y la segunda se efectuó una vez que el cerebro de la Operación
Malaya ya se encontraba en prisión.
En este sentido, Julio Blasco, que ha sido detenido en la Operación
Malaya como testaferro de Roca, vendió en nombre de la compañía
Masdevalia -una de las instrumentales del entramado de Roca- una
parcela de Yeregui Desarrollo en esta localidad murciana.
Según ha podido saber este periódico de fuentes de la Fiscalía de
Murcia que investiga el asunto, el contrato de compra-venta aceptaba
unas condiciones por parte de los vendedores, como que las empresas de
Roca percibirán "la cantidad equivalente al precio de venta del 25% de
cuanto se edifique en la finca" y que en este caso ascendía a la
construcción de alrededor de un centenar de viviendas.
Según los datos que maneja el fiscal del Tribunal Superior de Justiciua
de Murcia, el contrato incluía también una cláusula por la que se llega
al compromiso de que el precio de la venta de los inmuebles "será
consensuado de común acuerdo entre ambas partes".
Se da la circunstancia de que la mercantil Lubide, propiedad de los
promotores, pagaba los gastos de los trabajadores por cuenta ajena, a
través de la sociedad Masdevalia, en la Urbanización Torres del Rame,
en la localidad de Los Alcázares, cuyo alcalde, perteneciente al PSOE,
ha dimitido receintemente.
PROPIEDADES DE ROCA
Por otra parte, según informa el diario La Verdad de Murcia, el
empresario y asesor de Urbanismo del Ayuntamiento Marbellí Juan Antonio
Roca es dueño de otras tres propiedades en Cartagena que compró a
través de sociedades interpuestas intervenidas ahora por el juez.
Según la información publicada por González y Elgarresta en el citado
diario, se trata de la Finca Casa La Talega, situada entre La Palma y
La Puebla; la Finca Los Santos, en La Puebla; y una parcela procedente
de una redistribución de terreno realizada por la Consejería de
Agricultura, en La Puebla.
El juez Miguel Ángel Torres ha bloqueado propiedades en el municipio de
tres empresas vinculadas a Roca. De Lipizzar Investments, no ha
trascendido ninguna actividad. De la segunda, Inmuebles Urbanos Vanda,
un portavoz oficial dijo que al Ayuntamiento de Cartagena le consta que
sus responsables pidieron una licencia para reformar un edificio de
viviendas en la esquina de las calles Puerta de Murcia y Villamartín.
Según fuentes empresariales citadas por La Verdad, esa sociedad compró
en torno a 1994 la Finca Los Santos (unos 500.000 metros cuadrados de
terreno agrícola) por unos 560 millones de pesetas. La finca era de una
empresa familiar de calzado de Elche y acoge dos grandes embalses para
el riego de naranjos.
A apenas un kilómetro y medio de allí está la Finca La Talega, de unos
250.000 metros cuadrados y usada como explotación agrícola por la
tercera empresa intervenida, Vanda Agropecuaria. La propiedad habría
sido comprada por un hombre de paja de Roca por unos 600 millones de
pesetas.
El intermediario para comprar la finca a Sociedad Agraria de
Transformaciones El Molinar fue, según estas fuentes, un empresario de
Torre Pacheco que fue socio de Polaris World y que posee negocios de
combustible y maquinaria agrícola. Señalan que habría ganado 540.00
euros por la operación.
A nombre de Francisco Antonio Soriano Pastor ( supuesto testaferro),
Vanda Agropecuaria solicitó el año pasado al Ayuntamiento permiso para
adecuar un embalse, según fuentes municipales.
A estas propiedades se le añadirían, según fuentes empresariales,
55.000 metros cuadrados próximos a la Finca Los Santos que Inmuebles
Urbanos Vanda habría comprado a la Dirección General de Regadíos de la
Comunidad Autónoma en el año 2003.
Se trata de unos terrenos situados en los sectores 12 y 13 de la
concentración parcelaria realizada en el año 2000 en La Puebla, una
actuación para compensar a los agricultores por haber perdido terrenos
en favor de infraestructuras públicas. La parcela pertenecería a la
Finca Los Santos. Esta serie de fincas se convirtieron en explotaciones
agrícolas muy rentables, tras inversiones millonarias en tecnología
avanzada.
FUERTE PRESENCIA EN MURCIA
Juan Antonio Roca ha manifestado ante el juez Miguel Ángel Torres que
el patrimonio que le achacan pertenece, entre otros, a 'amiguetes'. El
juez, por el contrario, considera que 'existen indicios racionales de
que el verdadero titular de los bienes es Roca'. Así se expresa en al
menos 17 mandamientos judiciales que recoge el sumario del Caso Malaya,
en los que se ordena paralizar las propiedades inscritas en una serie
de sociedades repartidas por diez provincias españolas.
Los téntaculos de Malaya se extienden, al menos en su primera fase, por
Málaga, Murcia, Madrid, Baleares, Sevilla, Cádiz, Huelva, Valladolid,
Tarragona y Badajoz. Los autos van dirigidos a los registradores de la
propiedad de distintas localidades donde tienen sede social o pueden
tener bienes las empresas investigadas.
Las resoluciones judiciales del juez Torres confirman la fuerte
presencia de Roca en Murcia, que en una de las conversaciones grabadas
por la policía reconoce que tiene proyectos inmobiliarios en la región.
Hasta siete localidades (Cartagena, Los Alcázares, San Javier, Torre
Pacheco, Mazarrón y La Unión) tienen propiedades paralizadas por la
trama marbellí.
Los otros vértices del entramado societario que el juez atribuye a Roca
son Málaga, en concreto Marbella, y Madrid. El instructor ha dictado
mandamientos para bloquear los bienes de sociedades como Helio Ponto
Marbella, que comparte sede con Maras Asesores, el cuartel general del
presunto cerebro de la trama, aunque administrada por Salvador Gardoqui.
También se encuentran entre ellas Marbella Clothes o Beauty Marbella,
ambas a nombre de la mujer de Roca, María Rosa Jimeno. En el sumario
consta el arrendamiento de un local en La Cañada -centro comercial del
que es propietario Tomás Olivo, otro de los imputados en el caso- por
parte de Beauty Marbella durante varios años. Otra de las sociedades
bloqueadas por el instructor es Marcadius Investments LTD, empresa
gibraltareña a cuyo nombre tiene Roca uno de sus pisos en el edificio
Poseidón, y que, según declaró ante el magistrado, costó 200 millones
de pesetas en el año 1988.
La investigación policial y judicial del caso atribuye al patrimonio de
Roca las empresas Vanda Agropecuaria -se cree que es propietaria de la
finca La Loma, en Murcia- 'que pertenece también a Roca y que es
gestionada formalmente por el gabinete jurídico Sánchez
Zubizarreta-Soriano Pastor', según el instructor. En la lista aparece
otra empresa, Inmuebles Urbanos Vanda, que es la que paga la nómina al
capataz de la finca La Loma.
Otro entramado societario que el juez vincula a Roca es el formado por
las empresas inmobiliarias One Properties y Masdevallía, que participa
en un 70 por ciento de la primera, ambas administrada por el mencionado
bufete, donde fueron detenidos seis letrados en 'Malaya I'. One
Properties, curiosamente, tiene la misma sede social que Marbella
Clothes, que figura a nombre de la esposa de Roca, aunque como
administrador y apoderado aparecen Óscar Benavente y Salvador Gardoqui,
'que no son sino testaferros de Roca', según el juez.
También se relaciona al ex asesor de Urbanismo con la sociedad Condeor
S. L., administrada por Montserrat Corulla -excarcelada recientemente-
quien reconoce ante el magistrado ser una de las testaferros de Roca.
El hotel La Malvasía, en Almonte (Huelva) está a nombre de esta empresa.
La red de presuntos testaferros de Roca la componen, además de los ya
mencionados, José Luis Benavente, hermano de Óscar, Ernesto Ramón
Celdrán -administrador solidario de One Properties, también detenido-,
la abogada María Úrsula Quinzano y Jaime Hachuel, jefe seguridad del
presunto cerebro de la trama, a quien el juez acusa de 'transportar
para Roca importantes cantidades de dinero en efectivo'.
*Con información de Efe, Europa Press, Reuters, Afp y los diarios Noticias de Gipuzkoa, Sur Digital y La Verdad de Murcia
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