Desde que, a fines de los años 90, la economía financiera internacional tocó su techo, el armazón económico mundial comenzó a acomodarse retomando una progresiva intervención estatal y articulando una serie de estrategias comerciales e industriales orientadas a defender las “utilidades” de las corporaciones empresariales. En los primerísimos años de este siglo, los países “emergentes” ofrecieron al mundo una serie de experiencias sociales que adelantaban las posibles consecuencias de una transición desajustada. El movimiento internacional de los capitales hacia nuevos ordenamientos más rentables fue acompañado por reacciones sociales en todo el mundo, y las nuevas estrategias de control, adecuadas a las necesidades de las estructuras dominantes, encontraron distintas formas de fuga y resistencia, algunas más efectivas que otras.

La política, a pesar de su distancia diferencial de cualquier economía, se ve atrapada en las altas y bajas esferas de la gestión pública. Esa es, precisamente, la principal característica de esa gestión, es decir, un encuadre administrativo que se vale de la política para operar sobre la población de forma utilitaria, logrando así establecer dominios más o menos determinados y abastecer a los sectores privilegiados de todo cuanto forme parte de ese privilegio. En este encuadre, lo político se ve directamente dominado por lo económico a través de la comunión de acciones e intereses. En otras palabras, toda acción política en el marco de la gestión pública halla su sentido y razón de ser en los intereses económicos.

En la última década las resistencias y las acciones sociales mostraron una potencia tal que los modelos empresariales de la gestión pública se vieron obligados a dar paso a la reafirmación del institucionalismo estatal con su lógica social corporativa, toda vez que es el único marco de gestión capaz de contener la erupción volcánica de la rebelión social. A su vez, el control de los números y las cuentas, al interior de cada nación, ha sido necesario para rescatar del fracaso comercial a las corporaciones financieras estatales o empresariales. Así como en los 90 el modelo económico neoliberal estableció que los estados cedan, a través de la comercialización de la función pública, grandes espacios de recaudación y grandes sumas de capital, en la década siguiente, y en los últimos meses, el apostador volvió a buscar la alcancía de la abuela. Sólo que esta vez se hace necesario recomponer la capacidad recaudadora del Estado y establecer, con el argumento de la crisis, la legitimación de la transferencia a modo de subsidios y prebendas.

Al detenerse el paroxismo financiero y el entusiasmo inversor, un detenimiento en el comercio y en la actividad internacional obliga a los Estados a reactivar un mercado interno y la capacidad productiva local suficiente para abastecerlo, de forma que una alianza entre la industria local y el Estado se volvió indispensable. Todo esto confluye en el ascenso al poder de un sector más o menos específico de la clase dominante. Es decir: se hizo necesario ceder el poder a quien controle la población, reconstituya la legitimidad de la institucionalidad devaluada durante el saqueo, y se gane el apoyo del sector industrial. Así es como apareció “la restauración” como soporte simbólico de una acción política cuya legitimación moral es la del “progresismo”. Así es como aparecen, en Latinoamérica, la serie de gobiernos progresistas que componen ese clan endeble de integración económico-social: Chávez, Lula, Kirchner, Lugo, Morales, Correa, Vázquez y el aparentemente-todavía-no-resucitado Zelaya, son algunos nombres paradigmáticos en la experiencia latinoamericana.

Claro que no todos los modelos son iguales, y cada nación se ajusta a su propia realidad interna. No se trata de abusar de los esquemas sino de presentar una superficie de complicidades que permita observar una movimiento político global. La fisonomía europea, por ejemplo, presenta alternativas mucho más “conservadoras” en su composición, amparadas en un Estado regional naciente que se afianza cada vez más como foco económico-político regional. El círculo de intereses económicos del mundo occidental hoy aparece más bien como una elipse con dos focos que dinamiza el flujo de capitales y su política consecuente para establecer una gestión pública mundial sin grandes alternativas.

Hoy Europa muestra sus remanidos progresismos como signos de los puntos flacos. Allí donde la situación interna está controlada y las finanzas públicas no están particularmente comprometidas, los modelos “conservadores” del “neo-liberalismo” se han mantenido en pie y se renuevan. Esto no implica que exista alguna clase de estabilidad interna. Tanto Francia con Zarkozy, o Italia con Berlusconi, por ejemplo, no son precisamente naciones que puedan ostentar una estabilidad interna y un equilibrio social garantido. No obstante, han logrado posicionarse de forma tal que no existió la necesidad de aparentar izquierdismos en su modelo interventor, pero han debido capitalizar en cambio las tradiciones corporativo-fascistas sin tanta hipocresía.

En definitiva, aquí o allá, con más o menos “zurdaje” discursivo, con más o menos “liberalidad” en los asuntos comerciales, todo el mundo occidental viró desde la globalización, una fascinación neo-liberal y posmoderna, hacia la recuperación de mecanismos políticos y económicos de ajustada simbología nacional. Ya no se habla tanto de globalización como de política internacional, y las formas históricas de los próceres, al menos en el caso latinoamericano, sirven de soporte para la promoción de Estados regionales a la usanza de la Unión Europea.

En este contexto, la segmentada reactivación industrial se ha vuelto insostenible en cuanto los grandes capitales insisten en optimizar sus utilidades. La economía nacional, como modelo de reproducción del capital, no ofrece los mismos réditos que el comercio internacional y la explotación financiera. La explotación directa de la fuerza de trabajo como factor determinante para la creación de riqueza, es menos rentable y más conflictiva que la acertada intervención en la distribución del excedente. Para eso los Estados nacionales, en complicidad con el sector industrial, han fortalecido a las corporaciones sindicales, de manera que gozan de una casi absoluta impunidad, a nivel internacional, para avanzar sobre los trabajadores de una manera tan bestial que se produce un retroceso profundo en las conquistas sociales que se habían logrado en los tiempos en los que el movimiento obrero se estaba organizando y los sindicatos combativos no habían sido todavía vencidos en combate.

No obstante, la reactivación política de la sociedad, la recuperación del anhelo igualitario y la determinación activa de sectores más o menos amplios de la población, abrieron una brecha en el comienzo de siglo cuyas huellas nutren desde el fondo una tensión cada vez mayor. Se observa que los conflictos laborales se extienden allí donde existen organizaciones que han sabido sustraerse al modelo corporativo, o subsisten y renacen las organizaciones históricas del combate contra el capitalismo, y las distintas formas de organización más o menos tendientes a la horizontalidad convocan a los trabajadores que han podido corroborar, en la experiencia social de los últimos años, la complicidad manifiesta del aparato sindical con las distintas y circunstanciales estrategias de explotación.

Esta conflictividad aparece, como era esperable, a partir de que las condiciones económicas avivan la crudeza de la existencia cotidiana. No hay aquí un factor estrictamente político, sino un factor fundamentalmente económico y social, en la medida en que, aún sectores no tan comprometidos en cuanto a sus ingresos, se enfrentan a la frustración de un modelo cultural de consumo permanente al que no logran acceder como les estaba prometido. En cualquier caso, los principios que activan o podrían activar políticas emancipativas no aparecen tanto como resulta necesario para darse al pensamiento y a la efectividad de una transformación social consistente. La creciente conflictividad abre, sin embargo, la puerta de acceso a formas organizativas cuya componente política no autoritaria marca la diferencia respecto de las formas tradicionales que han traicionado las expectativas colectivas y que, a través de mecanismos verticales y corporativos, se identifican con los factores de poder contra los que se intenta pelear.

En estos términos, las organizaciones libres de trabajadores en todo el mundo van haciendo camino al andar, motorizadas por experiencias diversas con mayor o menor fuerza relativa según el caso, y con mayor o menor efectividad. Junto a ellas, una creciente búsqueda por alternativas sociales concretas aparece como signo de una ruptura cultural cuya magnitud y sentido habrá que verificar. Lo cierto es que el mapa del mundo, en términos políticos, se ve todavía profundamente intervenido por los intereses económicos. Este panorama, si bien es interesante en cuanto a la conflictividad creciente contra los modelos actuales de explotación económica, tiene el cielorraso petiso de la inserción económico-social necesariamente reproductiva, mientras que la transformación radical depende, estrictamente, de una construcción política consistente, es decir, nutrida de principios activa y efectivamente emancipativos. Es necesario, entonces, encender el fuego ideológico en el seno de las organizaciones de toda índole para que la toma de decisiones colectivas en su interior no se constituya de forma especular a los patrones de la industria y del capital, ni de cualquier otra forma de gestión pública, sino que pueda destinarse a efectivizar la conflictividad circunstancial, la del corto plazo y la de la emergencia, con nuevas herramientas políticas cuyo sentido no esté circunscripto a la mera operatividad según intereses particulares.

Es necesario, en otras palabras, sustraer lo político de la órbita de cualquier otra forma de pensamiento y de acción, para devolverlo como herramienta genuinamente emancipativa. La dependencia de lo político respecto de lo económico o de cualquier otra cosa, es decir, la desestimación de su autonomía, es un recurso enteramente funcional a las lógicas de la gestión pública, esto es, tanto a la forma Estado-nación, como a la forma Empresa, como a cualquier otra forma de articulación de la explotación económica y de la opresión política inventada o que se invente.

Es indispensable, entonces, una activación política emancipativa de las organizaciones económicas de lucha contra la explotación que pueda quitarlas de la órbita de acción y de las lógicas propias de partidos, iglesias, estados, empresas y corporaciones, que pueda quitarlas de la especularidad respecto de la industria, de la apropiación y del derecho, que pueda promover principios igualitarios hacia su interior y hacia su exterior, que las afiance a distancia de cualquier intervención en la gestión pública, en la vida parlamentaria y en las acciones de gobierno, que pueda, en fin, lanzarlas hacia la acción directa tendiente a la construcción de formas radicalmente transformadoras de la sociedad. Una política semejante ha de ser aquella que pueda servir tanto a las luchas obreras como a las luchas de género, a las luchas contraculturales, a cualquier otra lucha que, naciendo en el seno de una particularidad, pueda sustraerse a cualquier discurso identitario y representativo, es decir, una política “a disposición de cualquiera” que desactive los recursos lógicos, simbólicos y operativos de la centralización y del poder, una política que interrumpa el principio de autoridad dinamizando las decisiones colectivas según principios igualitarios y libertarios, en el sentido más genuino y radical que puedan tener estas palabras malamente devastadas, desde izquierdas y derechas, por la manipulación de las políticas autoritarias propias de la gestión pública.