En conversación telefónica con APM, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de ese país, formuló graves denuncias y aseguró que se multiplica la represión contra un pueblo que resiste.

A tres meses del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, la situación que vive Honduras es desesperante. Mientras las garantías individuales han expirado porque el toque de queda es permanente, el presidente usurpador Roberto Micheletti firma carta blanca a los militares para mantener una represión masiva e iniciar otra selectiva contra los que todavía eligen mantener una resistencia activa. Así, la violación de domicilios y los disparos con armas de fuego contra la población civil son moneda corriente.

Tan sombrío panorama fue descrito por Bertha Oliva, coordinadora el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), en diálogo con Pasaporte Común. “La intolerancia de los que usurparon el poder por la fuerza está a la orden del día”, resumió la dirigente desde el país centroamericano.

En ese sentido, definió al escenario que la rodea como “una grave emergencia nacional”. Al mismo tiempo, agradeció a los medios de comunicación que se han preocupado por vigilar e informar sobre todo lo que allí sucede.

“Muchas gracias; debo de decirles que si no hubiesen personas como ustedes, encargadas de monitorear la realidad que vivimos en nuestro país, quizá las cosas fueran más graves aún”, manifestó.

Oliva también destacó que el pueblo hondureño, en todo su derecho, se mantiene en un estado de movilización permanente, más allá de los intentos de los golpistas de sembrar el temor en las calles y reducir a cero la efervescencia social.

En ese sentido, informó que el gobierno de facto ya no actúa sólo para reprimir las manifestaciones ni se limita a controlar el espacio público, sino que comenzó a atacar los barrios más disidentes, para intimidar a las personas en sus propias casas, lo que habla de un avasallamiento total de los derechos constitucionales y de una metodología que causó estragos en América Latina durante los años setenta

“Cuando la gente no sale porque sabe de lo que son capaces los golpistas, los militares se han dado a la tarea de perseguir a la resistencia, que es el pueblo, en general, en lo barrios y en las colonias (asentamientos), y eso ha dado como resultado muertos y heridos de gravedad”, abundó.

Asimismo, Oliva describió cómo los uniformados “toman por asalto las colonias”, tirando bombas de gas lacrimógeno y “disparando a bala viva contra las personas”. Al respecto, mencionó que, horas antes de la conversación con Radio Universidad de La Plata, había estado en el velatorio de una joven de 25 años, que había perdido la vida como consecuencia de la inhalación de los gases que se usan para disolver manifestaciones.

Además, según declaraciones reproducidas por la agencia española de noticias EFE, en algunos casos, a los detenidos les "queman el cuerpo con cigarrillos", añadió la coordinadora del Cofadeh, un organismo fundado a inicios de la década de 1980.

Hace 45 días, Micheletti decretó la suspensión de varias garantías reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), como la libertad de asociación y de reunión, el derecho de circulación y la libertad de expresión, entre otras. La ordenanza también establece que las Fuerzas Armadas participarán en operativos "para mantener el orden y la seguridad de la República", y para sacar del aire a medios audiovisuales de comunicación.

Esa disposición fue objeto de repudio y condena por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La entidad, en un comunicado fechado el 29 de septiembre, expresó su "profunda" preocupación la normativa porque contiene "normas vagas" que otorgan "absoluta discrecionalidad a la autoridad, y en especial al Ejército y a la Policía”.

La CIDH consideró que ese tipo de órdenes "carecen de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona".

En otro tramo de la entrevista, Oliva se refirió a las presiones que sufre la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde, desde el 21 de septiembre, permanece refugiado Zelaya, quien es considerado el mandatario legítimo de Honduras por todos los Estados americanos, por la Unión Europea y por los países africanos -al menos quienes se expresaron de manera formal-.

“La situación que se vive en la Embajada brasileña es grave. Me parece que si la comunidad internacional no toma acciones ya, ahora, se va a permitir un genocidio, lento pero genocidio al fin”, pronosticó Oliva

“Porque esta gente no tiene ningún tipo de escrúpulo como para tirar gases tóxicos y de esa manera lograr desesperar a los huéspedes de la sede diplomática; para hacerlos salir y así poder cogerlos fuera del perímetro para matarlos. No creo que sea para ponerlos presos. Me da la impresión de que si actúan de manera violenta e irracional es para matar a la gente”, continuó la militante por los DDHH.

Aunque cualquier intento de allanar la Embajada fue descartado por Micheletti y las fuerzas del orden, el hostigamiento continúa. Francisco Catumda, encargado de negocios de Brasil en Tegucigalpa denunció que su representación está “sitiada”. El funcionario se mostró sorprendido: "Es el único país donde pasa algo parecido”.

(*) Pasaporte Común es el programa de radio de APM, que se emite los domingos a las 18 horas de Argentina por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390, y puede escucharse por Internet en www.lr11.com.ar