El Gobierno español ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el proyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se remite ahora a las Cortes Generales.

La nueva normativa “adapta la legislación al gran progreso experimentado por el sistema científico español en los últimos años”, según un comunicado emitido por el Consejo.

El texto, según sus promotores, incluye sugerencias de los colectivos implicados con la ciencia, la tecnología y la innovación en España, como la comunidad científica, la universitaria y los agentes sociales, que se han recogido durante las últimas semanas.

La nueva Ley de la Ciencia incluye cuatro puntos principales. Uno es el diseño de una carrera científica basada en méritos, estable y previsible que permita retener y atraer talento científico. Se propone un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que permitirá, cumpliendo criterios de excelencia, incorporarse al sistema público de I+D.

También se recoge la sustitución de las becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado, algo que muy pocos países contemplan. El texto aprobado hoy reconoce específicamente la figura del personal técnico que trabaja en los Organismos Públicos de investigación de la Administración General del Estado.

Agencia de financiación

Otro de los puntos es la creación de una Agencia de financiación que dotará de mayor autonomía flexibilidad y agilidad a la actividad científica, y, al mismo tiempo, garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos, para conseguir un sistema de I+D más eficiente y eficaz.

Entre las novedades del texto se incluyen las medidas que deberán adoptar los agentes de financiación para promocionar los centros y unidades de excelencia, para incentivar a los investigadores con mejores resultados científicos.

La normativa también “responde al cambio de modelo productivo”, y aborda diferentes aspectos previstos en la Estrategia Estatal de Innovación e incorpora novedades en el ámbito de la cooperación público-privada con fines científicos y tecnológicos. Los mecanismos de transferencia del conocimiento al sector productivo, complementando lo que ya prevén la Ley de Economía Sostenible, quedan contemplados.

El cuarto punto hace referencia a los mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas administraciones, definiendo un modelo de gobernanza que incluye instrumentos de coordinación a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Política Científica y Tecnológica para evitar duplicidades.

Difusión universal del conocimiento

La Ley también apuesta por la difusión universal del conocimiento científico y su apertura a la sociedad, recogiendo medidas “importantes” en materia de cultura científica y tecnológica. El Proyecto contempla que las Administraciones Públicas tengan, por ley, el deber de fomentar actividades para mejorar el acceso de la sociedad a la ciencia.

El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, por su parte, incluirá medidas para promover la divulgación científica y tecnológica y de la actividad de museos y planetarios, además de contemplar la protección del patrimonio científico y tecnológico histórico.

La nueva Ley de la Ciencia tratará de mejorar la cooperación entre agentes públicos y privados en temas de I+D+i. La Ley prevé la posibilidad de llevar a cabo convenios de colaboración que permitirán la realización conjunta de proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación, creación o financiación de centros, formación de personal, acciones de divulgación y uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios materiales.

Ética, mujer, cooperación y publicación en abierto

Se creará el Comité Español de Ética de la Investigación, un órgano que se ocupará de la ética profesional en la investigación científica y técnica y los conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas. En este último punto podrá establecer los principios generales para elaborar códigos de buenas prácticas en la investigación.

También se recoge en el texto una serie de aspectos trasversales, como el fomento de la participación de la mujer en la actividad científica, en particular garantizando que no se produzcan sesgos ni discriminaciones negativas por cuestión de género.

La incorporación de la cooperación científica y tecnológica al desarrollo en proyectos de colaboración con países prioritarios para la cooperación española, y la publicación en abierto de las investigaciones realizadas con fondos públicos será otro de los elementos básicos en la nueva Ley.